Hay dos temas acerca de Venezuela sobre el tapete, el primero, el de más inmediatez, se debe a la escalada retórica y real de la confrontación entre los Estados Unidos y Venezuela, y el segundo, uno con más trayectoria y tal vez mayor trascendencia: “el día después”, es decir las implicaciones políticas, económicas y sociales de una salida del régimen de Maduro en Venezuela, posiblemente a consecuencia de las presiones de los EE. UU. En esta reflexión me enfocaré sobre el primer tema, pero sus consecuencias sobre el segundo son ineludibles y serán motivo de una nueva reflexión en un futuro cercano.
La escalada retórica y militar entre los Estados Unidos y Venezuela tiene demasiadas incógnitas para precisar su eventual resultado y desenlace. Para los venezolanos, vemos con sentido ambivalente la evidente presión del presidente Trump sobre el régimen criminal que maneja los destinos del país. Hay varias cosas que se saben acerca de cualquier guerra: cuando comienza y que van a haber daños colaterales en infraestructura y víctimas inocentes. Eso se sabe de antemano, y las reglas de la guerra, tal y como uno espera que existan, determina (1) la necesidad de un Casus Belli, es decir una razón legal justificable para iniciar la guerra, y (2) que los objetivos sean militares, no civiles, para minimizar esos daños colaterales.
Un ejemplo claro y contemporáneo de la poca capacidad de resolver las incógnitas de una acción bélica es el conflicto en Ucrania. Sin un verdadero Casus Belli, Vladimir Putin invadió Ucrania para anexar el territorio de ese país a la nación rusa, argumentando seguridad nacional ante la OTAN, y la posibilidad futura de que Ucrania se hiciera miembro de la OTAN. Pensaba que en un fin de semana se apoderaría del país. Eso fue hace casi cuatro años y refleja esa gran incógnita: se sabe cuándo comienza una guerra, pero no cuando termina. Los horrores entre la población civil y destrucción de la infraestructura por parte de Rusia se aproximan a lo que se puede calificar hoy día como crímenes de guerra.
Las tensiones entre Venezuela y los EE. UU. pueden resultar en la salida del régimen criminal. Ojalá que eso suceda, pero no hay garantías al respecto. Antes de pensar en las probabilidades o escenarios posibles, lo primero que tenemos que pensar o preguntarnos es ¿por qué está haciendo Trump lo que está haciendo?
Los objetivos de Trump
Trump no se ha caracterizado nunca en su vida por tener objetivos políticos complejos. Esa simplicidad directa es parte de su éxito político y su mensaje simple es uno de nacionalismo milenario: Make America Great Again. Esto puede interpretarse de muchas maneras, pero sacar a Maduro de Venezuela no parece ser parte de ese mensaje. Lo que si ha caracterizado a Trump toda su vida es ser transaccional, un firme creyente en las fórmulas suma cero, y en acumular poder y utilizarlo como garrote para que en esa ecuación suma cero, él salga favorecido. Es un firme creyente en un mundo dividido entre ganadores y perdedores. También parece ser que a Trump no se le olvidan aquellos que percibe como enemigos – la gente que se le ha opuesto y le ganó.
Bajo esta perspectiva puede verse la animosidad contra Maduro de dos maneras, la primera es que Maduro le ganó en la primera ronda, en el primer round, en el primer gobierno de Trump. Trump trató de presionar a Maduro, y Maduro se burló de Trump. Allí sigue. La continuidad de Maduro en el poder representa un fracaso de la primera administración Trump. Maduro es una afrenta personal.
La segunda manera de ver la escalada de tensiones por Trump es desde el punto de vista de la política interna de los EE. UU., con miras a las elecciones de medio término. Es un hecho de que la popularidad de Trump en disminución puede afectar las elecciones de medio término en el 2026. El cálculo político puede indicar que en caso de sacar a Maduro situaciones como el problema migratorio o la economía regional pueden ser aliviadas. Además, la salida de Maduro pudiera ser percibida como una victoria en el ámbito internacional para Trump, creando un clima favorable para el partido republicano.
El gran temor de Trump, en caso de que la Cámara de Representantes tenga mayoría demócrata, es que sea impugnado nuevamente. Es posible incluso que algún congresista demócrata ya está redactando secretamente resoluciones al respecto. Por eso, Trump hará todo lo posible por no perder la Cámara. Por cierto que, a mi parecer, eso sería suicidio político para los demócratas, y probable causa de su pérdida en las elecciones presidenciales del 2028, resultando en un presidente Vance o Rubio. Eso no quita que Trump piense en esto. Para los venezolanos lo que esto puede significar es que esta campaña de presión contra Maduro por Trump tiene una fecha de vencimiento relativamente cercana.
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Desde el punto de vista de Maduro, su escurridiza sagacidad puede resultarle efectiva en esta coyuntura. El régimen criminal que gobierna a Venezuela tiene grandes debilidades, principalmente su nula legitimidad y el ínfimo respaldo popular. La retórica encendida de Trump crea una distracción táctica que favorece a Maduro, especialmente cuando Trump dice falsedades evidentes, hace amenazas no creíbles, o exagera su capacidad de acción. Anunciar, por ejemplo, un bloqueo naval total, para después aclarar que son solamente los tanqueros sancionados crea confusión a favor de Maduro.
La narrativa que el régimen puede elaborar a partir de esos mensajes equívocos de Trump son de legítima defensa de la soberanía nacional, una narrativa que puede compartir con gobiernos regionales y masas populares. El garrote gringo, sea militar o económico, es una pesadilla regional compartida. Acciones por el gobierno estadounidense que parecen blandir ese garrote aglutinan pasados y temores que favorecen a Maduro, y, peor de todo, debilitan la legitima oposición, tanto interna como internacional, a su tiranía.
La respuesta de Maduro ha sido predecible. Con el historial de retrocesos, volatilidad y cortapisas institucionales, las amenazas de Trump no han sido poco más que gestos enardecidos vacíos contra voceros retóricos enfocados, maestros del vocabulario populista. Esos voceros del régimen le llevan una morena a Trump por sus muchos años de práctica, supervivencia e impunidad. Usar el reloj para que se le acabe el tiempo a Trump es lo que busca hacer Maduro, montando nuevamente su circo dilatorio (sin pan).
El circo de Maduro incluye un desfile de buques “escolta” a tanqueros no sancionados, una demostración populista para el consumo de muchedumbres internas y aliados externos que crea una ilusión de fuerza sin mucho riesgo, puesto que esos tanqueros, los que no tienen sanciones previas, no están bajo amenaza de confiscación. Pero su paso seguro y a salvo será anunciado como la gran respuesta defensiva del hombre fuerte que detiene a Trump y sus ambiciones hegemónicas en el hemisferio occidental. No es sin peligro esta táctica, puesto que fácilmente se puede incurrir en Casus Belli si alguna nave de las flotillas de escolta comete un error provocador (o provocado), o las interferencias recíprocas en los GPS de navegación causan una tragedia aérea o marítima que se convierta en el incidente que pueden buscar tanto Maduro como Trump para fortalecer su posición política.
Ante esto, ¿qué puede hacer la oposición legitima, democrática al régimen de Maduro?
La oposición democrática.
El dilema son los intereses comunes que tiene la oposición con la administración Trump. Todo indica que la administración preferiría que Maduro no se mantuviese en el poder, a pesar de los coqueteos que se han hecho entre sí. La salida del régimen por supuesto es la meta de la oposición democrática en Venezuela. Pero ¿Cómo apoyar discursos hegemónicos y discursos de “recuperación de activos”? ¿Cómo mantenerse alineado con los objetivos e intereses comunes sin perder credibilidad?
Existen pilares fundamentales en la condición democrática liberal que permite coexistir con este dilema. La firme creencia en el estado de derecho es el primero, pero antes pensemos en el segundo, el derecho internacional a la legitima defensa. Para la oposición democrática, el gobierno de los EE.UU. (y de toda nación) es un gobierno soberano e independiente que puede ejercer este derecho si se siente amenazado en espacios internacionales o en su propio territorio. Dentro de la dinámica democrática y legal interna de los EE.UU. se decidirá si acciones como ataques contra las “narcolanchas” se ajustan a sus leyes o no. La oposición democrática venezolana responsable no tiene voz válida en esas decisiones y deliberaciones internas y soberanas de cada país.
Pero las personas que sucumben ante estos ataques tienen derechos y al parecer no tienen dolientes en Venezuela. En particular los ciudadanos venezolanos que puedan estar o no en estas lanchas no han sido identificados públicamente y sus muertes denunciadas por el régimen venezolano ante organismos internacionales competentes o tribunales de los EE.UU. Solamente allí, en donde sus muertes pudiesen calificarse de ilegales, los familiares y las empresas contratistas de dichas personas tendrían justo derecho a reclamo y compensación. Pero el silencio del régimen ante estos ataques es ensordecedor.
El que calla otorga aplica en este caso y el gobierno de los EE.UU. puede percibir en este silencio del gobierno venezolano (silencio legal, es decir, no un reclamo en la televisión sino en las cortes) una justificación tácita para continuar su campaña letal. Y eso es responsabilidad del régimen venezolano, un régimen donde no existe ni estado de derecho ni reglamentación aplicada de sistemas de control y seguridad para constatar las circunstancias que hayan hecho que pescadores o narcotraficantes navegando en las costas venezolanas quedaran en un limbo a la deriva bajo cualquier justica. Los ataques a estas lanchas y las muertes en esos ataques son responsabilidad directa de Maduro.
Es así que retornamos al tema del estado de derecho. El tanquero Skipper fue decomisado legalmente. La carga del tanquero puede que no sea decomisable, como el presidente Trump ha sugerido, pero considerando las multas y costos que se impondrán al navío, al menos como fianza es probable que el petróleo a bordo se mantenga en espera de decisiones legales. El tanquero estaba intencionalmente operando fuera de la ley para evadir sanciones contra el financiamiento de la Guardia Revolucionaria Iraní, institución designada como grupo terrorista por varias naciones, incluso los EE.UU. El tanquero también volaba la bandera de Guyana, país donde no está registrado, lo cual viola las leyes marítimas internacionales. En ejercicio del cumplimiento de sanciones y leyes internacionales, y con el respaldo de una orden emitida por un juez, el FBI y la Guardia Costera, respaldados por la Armada de los EE. UU., abordaron el buque y lo decomisaron. El decomiso del tanquero es perfectamente legal y ajustado a derecho.
Hay demasiados buques fantasma (se calculan en centenares, 30 de los cuales fueron identificados en puertos venezolanos el mes pasado) operando de esta manera ilegal para burlar sanciones internacionales contra Irán, Rusia y Venezuela.
Financiar grupos terroristas es ilegal. Los instrumentos utilizados para esa financiación, en este caso un tanquero, operan a riesgo de ser confiscados. La desafortunada retórica belicosa de Trump, con su hipérbole característica, confunde el hecho de que al confiscar el tanquero se está cumpliendo la ley, tanto la de los EE.UU., como la internacional. Esta no es la primera vez que ocurre tampoco, puesto que en ocasiones anteriores en otras partes del mundo ya se han decomisado tanqueros violando sanciones. Es de esperarse que haya más decomisos y confiscaciones en le futuro cercano.
Toda participación futura de empresas estadounidenses o de otros países en las industrias básicas o de cualquier tipo en el país se harán en conformidad con la constitución, las leyes correspondientes, la soberanía del país y ajustada al derecho internacional para este tipo de transacciones. La transparencia legal y el estado de derecho es la mejor arma contra cualquier despojo, y los tribunales de los EE.UU., y las cortes internacionales han revisado todas las transacciones ocurridas durante el periodo de nacionalización petrolera y de otros activos en la era democrática de Venezuela. Debido a que la industria petrolera se mueve en el ámbito internacional, el régimen se ha visto forzado, mal que bien, a conformar sus acciones al derecho internacional y, cuando no lo hace, deberá atenerse a las consecuencias.
El estado de derecho, base del desarrollo.
Los juicios, fallos y medidas compensatorias a nivel internacional originados por la nacionalización de la industria petrolera durante la democracia ya son hecho cumplido e historia conocida; sin embargo, también son conocidas las expropiaciones ilegales y sin compensación ocurridas durante todo el régimen chavista dentro del país, fuera de la lupa legal internacional; actos arbitrarios y autoritarios que quebraron la industria y agricultura nacional. Las acciones del régimen son las que hacen peligrar ahora la única tabla de salvación económica restante del país en este momento. La peor sanción económica que ha tenido Venezuela en los últimos 25 años es el régimen autoritario que se hace llamar revolucionario y opera arbitrariamente como el gran demoledor de toda actividad económica legítima del país.
La transición hacia un gobierno de leyes, respetando compromisos legalmente adquiridos y los derechos humanos, civiles y económicos de todo ciudadano venezolano y participante internacional es el objetivo de la oposición democrática en Venezuela. Tal vez la campaña de intimidación y presión internacional liderada por Trump resulte en la salida de Maduro, ojalá. Pero debemos estar conscientes de que esta campaña tiene fecha de vencimiento; y de que Maduro también lo sabe.
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